La ONU elige este jueves, la entrada de nuevos miembros al Consejo de Derechos Humanos, con Latinoamérica renovando dos asientos.
Además, de cuestionamientos a la candidatura de Venezuela que llevaron a Costa Rica a proponerse como opción alternativa.
La votación para renovar cerca de un tercio de los 47 miembros del organismo sera en la sede de de la ONU en Nueva York.
Asimismo, la composición de este consejo, creado en 2006, refleja criterios geográficos; son 13 escaños para África, 13 para Asia Pacífico, ocho para América Latina y el Caribe.
Para Europa Occidental siete y seis para Europa del Este. Sus miembros son elegidos por mayoría por la Asamblea General de la ONU.
Igualmente, en el Consejo, dos de los escaños que corresponden a Latinoamérica; estas deben renovarse. Uno es el que ostenta actualmente Brasil, que se presenta a la reelección. Para el otro espacio, en un principio solo concurrió Venezuela.
Dudas sobre candidatura de Venezuela
En este contexto, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció a principios de octubre que su país concurriría como candidato.
Además, explicó que las graves violaciones de los derechos humanos relatadas por el informe de Bachelet hacen que Venezuela no sea un nominado adecuado.
Del mismo modo, esta candidatura obtuvo inmediatamente el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro; expresó que sería inadmisible que Venezuela ocupara el puesto.
Informe entregado en la ONU
Sin embargo, los miembros del Consejo de Derechos Humanos pueden ser suspendidos en casos de violaciones graves. Pero solo Libia fue objeto de esa sanción en 2011.
A los 14 puestos que están abiertos concurren 17 países: Alemania, Armenia, Brasil, Corea; Costa Rica, Holanda, Indonesia, Irak.
Seguidamente, de las Islas Marshall, Japón, Libia, Mauritania, Moldavia, Namibia; Polonia, Sudán y Venezuela.
Cabe destacar, que el pasado julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; denunció que en el último año en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales.
De la misma, la gran mayoría de esas muertes fue responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
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