¿Quién manda en oro venezolano? Un tribunal británico definirá, si es el Gobierno de Nicolás Maduro o su opositor Juan Guaidó; mientras en las bóvedas del Banco de Inglaterra reposan 1,700 millones de euros en lingotes del preciado metal.

Dos partes lo reclaman. Maduro, dice que ese oro pertenece al Banco Central de Venezuela (BCV); Guaidó, a quien el gobierno británico reconoce como el legítimo líder de Venezuela, dice que las barras las maneja su gestión.

La próxima semana, un tribunal comercial británico comenzará a decidir cuál es el reclamo justo después de que el BCV demandó al Banco de Inglaterra (BOE)para conseguir el acceso a las barras.

¿Quién manda el oro venezolano?

Quién manda en oro venezolano. No se espera una resolución de la audiencia hasta agosto o septiembre, escribió el juez en un fallo del 28 de mayo.

Está en juego una parte considerable de las menguantes posesiones extranjeras del asediado gobierno de Maduro.

Los abogados que representan al BCV dicen que gran parte del oro se vendería para financiar la respuesta de Venezuela al COVID-19; ante la debilidad de un sistema de salud destruido por seis años de crisis económica.

La oposición, liderada por Guaidó alega que Maduro quiere usar el oro para pagar a sus aliados; lo que sus abogados niegan.

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Antecedentes

Pero, quién manda en oro venezolano. En los últimos dos años el gobierno ha retirado unas 30 toneladas de las bóvedas del emisor en Venezuela para venderlas ante las urgencia por tener divisas; según datos del BCV y fuentes.

El equipo del líder opositor espera que un veredicto favorable del tribunal inglés pueda influir en otros países para darles el control de más activos venezolanos.

Eso incluye unos 5.000 millones de dólares en fondos estatales congelados en cuentas bancarias extranjeras.

“Sin duda, el reconocimiento de la corte sería un antecedente muy importante”; dijo José Ignacio Hernández, el principal representante legal de Guaidó en el extranjero.

En mayo de 2018 Maduro fue reelegido en una votación que la coalición opositora boicoteó y calificó como una farsa.

Luego Boris Johnson, entonces ministro de Relaciones Exteriores británico; dijo a los periodistas: “Es posible que tengamos que apretar el tornillo económico sobre Venezuela”.

Preocupado por las crecientes sanciones contra el gobierno de Maduro, el BCV a fines de 2018 le dijo al BOE que quería repatriar 14 toneladas de oro que había almacenado allí bajo un acuerdo de custodia.

En diciembre de ese año, Calixto Ortega, presidente del BCV, viajó a Londres para discutir la movilización del oro con funcionarios del BOE; según Sarosh Zaiwalla, un abogado con sede en Londres que representa al BCV.

Los funcionarios del BOE le dijeron a Ortega que no podían aceptar sus instrucciones ya que había un problema con su autoridad, dijo Zaiwalla.

En febrero de 2019, Gran Bretaña se unió a Estados Unidos y a docenas de otras naciones para respaldar el reclamo de Guaidó

En abril, el Tesoro de Estados Unidos sancionó al BCV; alegando que Maduro lo estaba usando para “saquear” los activos venezolanos para “enriquecer a los corruptos”.

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Tomó previsiones

Previa las sanciones, el gobierno de Maduro pagó en febrero de 2019 un préstamo acordado con Deutsche Bank que usaba oro como garantía.

Esto dio como resultado que se devolvieran 17 toneladas de oro al BCV; dijeron personas familiarizadas con el acuerdo, lo que elevó el total de tenencias del BCV en el BOE a 31 toneladas.

Las sanciones causaron la terminación anticipada de varios canjes de oro que el BCV había acordado con entidades como Deutsche Bank entre 2015 y 2017; según una cronología presentada ante el tribunal por el equipo legal de Guaidó.

El equipo del dirigente opositor le pidió a la corte inglesa que determinara quién tenía la autoridad para representar al BCV y recibir el oro. En julio, Guaidó nombró su propia junta del BCV.

El gobierno de Maduro contrató a Zaiwalla en febrero para reemplazar a otro bufete de abogados.

Zaiwalla dice que Ortega lo contactó después de representar al Banco Mellat, de Irán; en un caso que buscó una reparación de daños del gobierno británico por imponer sanciones que perjudicaron su reputación y buena voluntad.

El gobierno británico llegó a un acuerdo el año pasado por 1.250 millones de libras.

“Es probable que este caso tenga cierta importancia porque la decisión de un tribunal del Reino Unido se respeta en todo el mundo”, dijo Zaiwalla.

Algunos precedentes

En abril, Zaiwalla envió a los abogados del BOE una carta indicando que facilitaran la venta de 1.000 millones de dólares en oro.

Ese suma debería ser transferida al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); que compraría los medicamentos y alimentos necesarios para la respuesta venezolana al coronavirus, según documentos presentados en la corte.

Cuando el BOE no cumplió, Zaiwalla presentó en mayo un reclamo legal contra el banco, diciendo que estaba privando al BCV de fondos en un momento de “emergencia nacional y global”.

“Eso es lo peor que una nación puede vivir. No tiene ingresos, no tiene capacidad de hacer caja y los fondos que tiene depositado afuera no los puede movilizar”, dijo Ortega en mayo.

El PNUD confirmó que el BCV lo contactó. En una carta enviada al delegado de la oposición para asuntos humanitarios el 3 de junio; el director regional latinoamericano del PNUD dijo que cualquier compromiso del PNUD solo seguiría un “acuerdo formal” entre el BCV y el BOE.

En respuesta al reclamo, el BOE solicitó al tribunal que determinara si debía seguir las instrucciones de las juntas de Maduro o de Guaidó.

En sus argumentos presentados ante el tribunal, el BCV de Maduro dice que el tribunal debería considerar qué lado controla el estado en Venezuela y cuyo embajador es reconocido por el gobierno británico.

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¿Quién es embajador?

La lista actual de representaciones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido menciona a un funcionario designado por Maduro como embajador.

Mientras que Vanessa Neumann. Neumann, la enviada por Guaidó dijo que esto se debe a que el opositor no controla la autoridad de inmigración.

Pero el equipo de Guaidó argumenta que el tribunal debería basar su decisión en el reconocimiento del gobierno británico de su autoridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una carta al tribunal en marzo, confirmó que esa sigue siendo la posición del gobierno.

Presionan con prisión

Mientras tanto, la oposición dice que las autoridades en Venezuela están tratando de presionar a las figuras involucradas.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, acusó a Guaidó y su representante legal de “tratar de robar el oro”.

El primero de junio, Hernández, quien vive en Estados Unidos, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas habían allanado la casa de sus padres en Caracas. Agregó que fue en represalia por defender los activos de Venezuela en el exterior.

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