Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por el exdirector de inteligencia venezolana Pedro Luis Martin Olivares. Su designación en la lista responde, afirma, a posibles intentos de operaciones de extracción. Sputnik conversó en exclusiva con él.
El nombre del venezolano Pedro Luis Martin Olivares, desconocido para muchos, apareció a finales de septiembre en portadas de medios de comunicación del mundo: el Gobierno estadounidense anunció la oferta de 10 millones de dólares para quien entregue información que lleve a su captura y condena.
Martin Olivares pasó a integrar la lista de recompensas ofrecidas por el Departamento de Estado; que encabeza el presidente Nicolás Maduro, por el cual se ofrecen 15 millones de dólares; y es seguida por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, por quien el monto es de 10 millones de dólares.
Por esas razones Olivares decidió hablar públicamente con Sputnik: «he considerado importante que el mundo conozca el tras cámara de esta novela que se han inventado los Estados Unidos (EEUU) en mi contra».
Olivares se presenta a sí mismo como «proveniente de una familia clase media, economista y abogado, profesiones que comparto con el manejo de mis empresas». Entre el 2002 y 2004, bajo el gobierno de Hugo Chávez; fue director de inteligencia de la dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, lo que es hoy en día el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Actualmente, afirma, no ocupa cargos.
La acusación, como en la mayoría de los casos, es por narcotráfico. Su causa nació en 2015, «cuando publicaron una notificación roja de Interpol, y mediáticamente difundieron la acusación que construyeron en mi contra», explica.
Luego, en el 2018, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Pero ya desde el 2004 «venían armando escenarios que progresivamente iban engrosando».
El precio millonario es entonces el punto de llegada de años de operaciones que ocurre en uno de los momentos de mayores amenazas contra el país.
La novela-causa
Martin Olivares fue blanco de ataques mediáticos desde el 2004: «me vincularon con la muerte del fiscal Danilo Anderson —asesinado ese año—; con extorsiones, narcotráfico, el secuestro del Presidente de Panamá —el entonces Ricardo Martinelli— en el 2010—; con atentados en otros países, policías paralelas, todas estas acusaciones sin pruebas ni juicios que las sustentaran«.
El expediente se armó mediáticamente hasta que fue abierta la causa en 2015 en el Distrito Sur de La Florida. El fiscal que se puso al frente fue entonces Richard Gregorie —ahora jubilado—; conocido por haber dirigido la causa contra el ex presidente panameño Manuel Noriega, extraditado a Estados Unidos luego de la invasión al país en 1989.
Quien acusó a Martin Olivares fue el narcotraficante Roberto Méndez Hurtado, alias pluma blanca, apresado en el 2011. En su declaración se declaró culpable e involucró quienes formaban parte de su organización. El ex director de inteligencia venezolana no figuraba entonces.
Recién en marzo del 2013 alias pluma blanca involucró a Olivares: «la DEA [administración para el control de drogas de EEUU] le construyó la declaración que dio y por la que me incriminan. Luego, en noviembre de 2013 fue beneficiado con un acuerdo que le redujo la pena, de por lo menos cuatro cadenas perpetuas, a 19 años».
Olivares explica uno de los mecanismos centrales utilizados por la justicia estadounidense: «promueven desde la Fiscalía algunos beneficios a los verdaderos narcotraficantes que han admitido su culpabilidad», otorgándoles reducción de pena «a cambio de ‘información'», que ellos llaman ‘cooperación'».
«Bajo esta estructura, los Estados Unidos, a través de la DEA como brazo ejecutor, construye expedientes como el mío», explica.
La alerta roja
Junto con la causa vino la alerta roja de Interpol. Olivares se presentó en Venezuela ante la Interpol; fue puesto a la orden de la Fiscalía y presentado ante un tribunal: «me dictaron una medida de presentación periódica cada 30 días ante el Tribunal y prohibición de salida del país».
El expediente fue enviado a la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el trámite de extradición al estar siendo requerido por otro país. El TSJ notificó al gobierno estadounidense a través de la Cancillería y, «como lo establece el código orgánico procesal penal, se solicitó la remisión del expediente y las pruebas a los fines de determinar si era susceptible o no de ser extraditado».
EEUU respondió a través de una nota diplomática en la que decían que no sería solicitado en extradición, sin más explicaciones. En consecuencia, decayó el trámite de extradición y se ordenó su libertad plena a lo interno.
«En lo externo está vigente la alerta roja a pesar de todas las irregularidades que tiene: me presenté ante la justicia de mi país y lo desconocieron; EEUU se negó a cumplir con la remisión de las pruebas, hicieron por lo menos dos notificaciones rojas en mi contra por los mismos hechos; todo lo cual denuncié ante ese organismo, pero se han prestado para mantenerla vigente», denunció.
Según Olivares, esa situación se explica porque «EEUU se asegura de dar y mantener importantes aportes económicos en este tipo de organismos internacionales; para garantizarse resultados favorables en sus peticiones. De otra manera, esa alerta roja habría sido levantada conforme lo pauta la normativa que rige ese organismo».
En cuanto a la causa, no siguió su curso «porque el sistema judicial de los EEUU no reconoce el juzgamiento en ausencia. Por mi parte, he intentado recursos por intermedio de mis abogados ante las cortes de los EEUU», afirma.
Un modus operandi
Su caso es el de muchos: «crecen las acusaciones falsas que nacen en los dichos de narcotraficantes convictos y confesos que están en poder y bajo custodia de los EEUU, con quienes van enlazando a cada uno de los personeros gubernamentales y actores intermedios».
Se trata de un procedimiento que lleva años: «mientras se iba produciendo la adecuación del dicho de cada narcotraficante que apresaban o que les era extraditado, a cambio de beneficios de reducción de pena, iban construyendo el expediente contra Venezuela, con la finalidad de declararla Estado forajido o narco Estado».
Esa construcción de expediente, instalada y repetida a su vez mediáticamente, tuvo un nuevo punto de inflexión cuando el Departamento de Justicia ofreció los 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones de dólares por Cabello. La lista de recompensas se amplió con numerosos apellidos a partir de ese momento, hasta llegar al ex director de inteligencia.
«Esta política de recompensas millonarias, expedientes construidos con declaraciones falsas de testigos sucios, manejos de poder, amenazas, es como verdaderamente funciona la justicia en ese país que ellos llaman del primer mundo», analiza Olivares.
«¿Qué clase de criterio jurídico y real hay que manejar para tener como ciertos los dichos de un delincuente probado y comprobado para hacerlos valer en un juicio a modo de ‘cooperación’? ¿Esa puede ser una política de Estado? Sí, así es y así ‘funciona'».
También puedes leer: Conoce por qué Perú expulsará a venezolanos de su territorio
«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»
