El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance detallado sobre los avances en materia judicial en el país. Durante su intervención, el parlamentario enfatizó que las reformas puntuales aplicadas al marco legal tienen como propósito fundamental robustecer el sistema de justicia, optimizar la institucionalidad y agilizar los tiempos de respuesta para los ciudadanos.
Este pronunciamiento se produjo en el marco de un encuentro de alto nivel donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, otorgó el ejecútese a la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual había sido aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional.
Reestructuración del máximo tribunal: Incremento de magistrados
La modificación del texto legal introduce cambios profundos en la composición interna del Poder Judicial. El cambio más significativo es el incremento en el número total de magistrados que integran el máximo tribunal de la República, el cual pasa de 20 a 32 miembros principales con sus respectivos suplentes.
De acuerdo con la explicación técnica de la directiva parlamentaria, la ampliación de la composición de las distintas salas responde a una estrategia para disminuir de forma progresiva el retardo procesal. Los cambios por instancias se distribuyen de la siguiente manera:
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Salas del TSJ: Las salas Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social pasan de estar integradas por tres magistrados a contar con cinco juristas cada una. Esto permitirá una distribución de causas más eficiente y deliberaciones con mayor soporte colegiado.
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Sala Constitucional: Esta instancia eleva su fuerza interna y técnica. Cabe recordar que en el ordenamiento jurídico venezolano, la Sala Constitucional funciona de facto como un Tribunal Constitucional autónomo pero integrado orgánicamente dentro del cuerpo del TSJ, encargándose del control concentrado de la constitucionalidad.
Fortalecimiento de la gestión y formación judicial
Más allá del aumento de las curules judiciales, el presidente del Parlamento señaló que estos cambios estructurales buscan optimizar la contraloría y la profesionalización del sector. La reforma otorga un peso específico y mayor relevancia al trabajo de la Inspección General de Tribunales, encargada de la vigilancia y disciplina interna, así como a la Dirección de la Escuela de la Magistratura, pilar fundamental para la formación continua y el ingreso de nuevos jueces al sistema nacional mediante concursos públicos y capacitación especializada.
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