A fin de que los venezolanos puedan migrar de manera segura y con garantías, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), solicitó a los países americanos implementar medidas migratorias para su beneficio.
La institución pidió a los Estados el desarrollo de una batería de medidas que faciliten la entrada, integración y regularización en los países de la región de la población venezolana forzada a salir de su país, según recogió una resolución del órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmada en Bogotá.
La resolución monográfica cita como causantes de este reclamo la «grave crisis política, económica y social que ha sufrido Venezuela durante los últimos años«, que tiene «impactos particulares» en ámbitos como «la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de circulación o la protección judicial».
Según reza el documento, la Cidh considera que «las violaciones masivas de los derechos humanos», unidos a la crisis alimentaria y sanitaria, han conllevado un crecimiento «exponencial de cientos de miles» de venezolanos forzados a migrar a otros países de la región.
En este sentido, cita los datos del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que cifran en 133.574 el número de solicitudes de asilo protagonizados por venezolanos y en 350.861 el de aquellos que optaron por otras vías migratorias de estancia legal.
Sin embargo, la Comisión reconoce que la escasez de canales legales y seguros ha provocado que «muchas personas han tenido otra opción que recurrir a canales clandestinos».
Por esta razón, la Cidh enumeró una serie de medidas que los estados deberían cumplir para acabar con este fenómeno.
Entre los mecanismos, resalta garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado para aquellas personas que tengan un temor fundado de que serán víctimas de persecución en Venezuela, en base a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, y considerar «respuestas colectivas» en caso de que se produzca un flujo masivo.
Además, implementar protocolos que permitan el principio de reunificación familiar, el derecho a la no devolución a territorio venezolano, expandir canales seguros y legales mediante la liberalización de visas de fácil acceso, también para las personas que no disponen de los documentos requeridos por cuestiones ajenas.
Otro de los aspectos que aborda el documento es el de garantizar el «derecho a la nacionalidad» a personas apátridas o en riesgo de serlo, además de la prevención y protección de las víctimas de trata de personas.
Con información de EFE
