La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado formal al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para sentar las bases de una nueva doctrina jurídica: el «derecho a ser diverso». Esta propuesta busca elevar el respeto a la pluralidad a la categoría de derecho humano fundamental, blindando institucionalmente la convivencia ciudadana.
Una visión que trasciende la sexodiversidad
Durante su alocución, Rodríguez enfatizó que este concepto no debe limitarse únicamente a la diversidad de género o sexodiversidad. Para la mandataria (e), es imperativo que el marco legal venezolano reconozca y proteja la diversidad política. Según su visión, este es el camino necesario para desatar los «nudos críticos» que históricamente han afectado el relacionamiento humano y el clima social en el país.
La funcionaria subrayó que reconocer al «distinto» no es una tarea sencilla, sino un ejercicio de confianza y apertura. Aunque admitió que este proceso conlleva riesgos políticos y sociales, insistió en que la alternativa es el estancamiento. «No tengamos miedo a la apertura», sentenció, instando a las instituciones a no rendirse en el fomento de la tolerancia.
Resultados de la Ley de Amnistía: El camino del reencuentro
Como prueba de la voluntad del Ejecutivo por avanzar hacia esta doctrina de respeto, Rodríguez ofreció un balance sobre la Ley de Amnistía. Apenas dos meses después de su entrada en vigencia, informó que más de 9.000 personas han sido beneficiadas con medidas que han otorgado libertades plenas.
Para la presidenta encargada, la aplicación de este instrumento legal es la ruta «correcta» para el reencuentro nacional. Defendió que el impacto positivo en las familias venezolanas es tangible, a pesar de lo que calificó como intentos de sectores con «poder mediático» de invisibilizar o desconocer estos avances humanitarios.
Blindaje institucional contra la discriminación
La propuesta de Rodríguez al TSJ busca que la justicia no solo actúe de forma reactiva, sino preventiva. Al crear una doctrina de la diversidad, el Estado venezolano pretende establecer un precedente donde la no discriminación en todas sus formas sea el eje central de la administración pública.
A pesar de reconocer que el camino recorrido en los últimos meses ha sido «muy duro» para la estabilidad del país, Rodríguez reafirmó el compromiso del Estado con la pluralidad. La meta final, según el Ejecutivo, es garantizar que la identidad política o personal de cada ciudadano no sea motivo de exclusión, sino una pieza fundamental del tejido democrático.
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