El actual deterioro de las infraestructuras universitarias representa el principal obstáculo de cara al reinicio de las clases presenciales, al no garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas ante el Covid-19 ni cumplir a cabalidad los objetivos de la enseñanza.
Así lo dio a conocer el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ULA), quien agregó que tienen como obstáculos la falta de servicios básicos como el agua potable en espacios universitarios; el desmantelamiento de las instituciones educativas y la escasez de transporte y de combustible para vehículos particulares.
De acuerdo a un estudio realizado por el observatorio, en todas las facultades que conforman el núcleo central de la Universidad de Carabobo, no se tiene servicio de agua potable desde hace cuatro años; según información suministrada por la profesora Giannina Fusco, coordinadora del proyecto de extensión Visibilización y Educación de los Derechos Humanos (DD.HH.).
Fusco también informó al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), que el último piso del edificio donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta universidad, está clausurado debido a la imposibilidad de limpiar el excremento de murciélagos por falta de agua y de productos de limpieza.
Deterioro de las infraestructuras universitarias
En la ULA, la mayoría de los baños de facultades, núcleos y extensiones en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, están inhabilitados por falta de productos de limpieza para mantener su aseo; así como por el robo de inodoros, lavamanos y otras piezas que no se pueden reponer debido a la asfixia presupuestaria impuesta a las universidades desde el año 2009.A
Adicionalmente, las universidades no tienen recursos para adquirir equipos y suministros de bioseguridad para prevenir el contagio del Covid-19. El presupuesto asignado a las universidades autónomas por la Oficina de Planificación del Sector Universitario para este 2021, no supera el 3% de lo solicitado, en el mejor de los casos.
A la Universidad Simón Bolívar le aprobaron el 0,4% de los recursos solicitados, mientras que a la Universidad Central de Venezuela le aprobaron el 2,27% del presupuesto solicitado. La Universidad de Los Andes recibirá durante este año menos de un dólar por estudiante, según cálculos del Rector Mario Bonucci dados a conocer en diciembre de 2020.
Robos a las instalaciones
El observatorio también señala que más de 250 robos, hurtos, invasiones y distintos actos de vandalismo se registraron en espacios universitarios durante la cuarentena por COVID-19 en Venezuela.
Dichos crímenes ocasionaron la pérdida de equipos y materiales necesarios para la enseñanza universitaria, y actualmente son imposibles de reponer debido a la falta de presupuesto.
La Universidad de Oriente resultó la institución más afectada por la delincuencia desde que comenzó la cuarentena. Desde marzo de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021, el ODH-ULA contabilizó 81 hechos delictivos cometidos solo en esa institución. Otras 11 universidades del país resultaron víctimas del hampa y la delincuencia durante la cuarentena.
Sin transporte ni gasolina
Además del deterioro de las infraestructuras universitarias, las dificultades para el traslado hasta las aulas constituye otro factor que impide un regreso a clases presenciales en las actuales circunstancias.
La disminución del transporte público en todos los estados del país y las limitaciones en el acceso a combustible para vehículos particulares de docentes, trabajadores y estudiantes dificultan la asistencia presencial.
La mayoría de unidades de transporte para cubrir las rutas estudiantiles se encuentran paralizadas, debido a la falta de presupuesto para mantenerlas y al constante robo de sus piezas.
El costo del transporte público, cuyo precio mínimo del pasaje está fijado en 100.000 bolívares en todo el país, resulta impagable para profesores y trabajadores universitarios, cuyo salario máximo no supera actualmente los 5 dólares mensuales.
La escasez de gasolina subsidiada, la única que podrían pagar los universitarios, representa otra limitante en este aspecto.
Por todo lo expuesto, el ODH-ULA insta al Estado venezolano a garantizar las condiciones mínimas de infraestructura, transporte y salud ante la pandemia, que permitan la realización de clases presenciales en las universidades públicas del país.
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