De acuerdo con una sentencia, publicada en el portal web del Poder Judicial, el máximo tribunal señaló que existen las evidencias para determinar la responsabilidad del ciudadano por los delitos corrupción propia, enriquecimiento ilícito y extorsión, previstos en las leyes venezolanas.
«En los casos de los delitos en flagrancia, no es procedente la institución del antejuicio de mérito», señala la sentencia, por lo que consideró la Sala Plena que «el enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse por ante los tribunales ordinarios competentes«, por los delitos que se le acusa.
La Sala Plena ordenó enviar copia la información a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, así como a la Sala Constitucional del TSJ.
Más temprano, el constituyente Diosdado Cabello denunció que altos funcionarios y directivos del MP, presuntamente dirigidos por Ferrer, diputado y esposo de la anterior Fiscal General de la República, conformaban una red delictiva que extorsionó a varias empresas que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, a las que esta red chantajeó por más de seis millones de dólares con la amenaza de iniciar investigaciones en su contra.
Según los documentos entregados por Cabello al fiscal General de la República, Tarek William Saab, se evidencia que Ferrer, junto a Pedro Lupera, fiscal nacional activo, y Gioconda González, jefa del despacho de la exfiscal, poseen cuentas bancarias en Las Bahamas, individuales y conjuntas, por más de 6 millones de dólares provenientes de estas extorsiones.
Con información de AVN
